Muy temprano para calificar al Fiscal Pech Cen

DESTRIPACUENTOS

Por Antonio Callejo

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La sociedad urge por resultados; los procesos contra 84 ex funcionarios avanzan calmos tanto como firmes


El Nuevo Sistema Penal Acusatorio que no todos entienden; No debe contagiar la desazón ni el desencanto, porque esto apenas comienza

 

Cristina Torres cumplirá con proceso interno del PAN para ir por la reelección. Se inscribirá como precandidata

 

Cancún, Quintana Roo (24 de enero).- Las críticas que ha recibido el fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, — sobre todo en redes sociales–, a propósito de la liberación de algún funcionario, o por la aprehensión de alguno otro del que se especula que saldría en breve, confunden a la sociedad y contribuyen a debilitar la construcción, con esfuerzo probado y a la vista, del monumental proceso que significa lograr que prevalezca la justicia, en el nuevo entorno del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Se trata de un asunto de percepción y, quizás, de comunicación.

Pero que se debe salir a atajar, para evitar que esta síntesis grosera y silvestre que afirma una derrota para el fiscal, contamine el esfuerzo global de reconstrucción que involucra además la gestión del responsable del gobierno del estado.
Es lo justo. El gobierno estatal, con Carlos Joaquín al frente, está cumpliendo en la atención de esos dos grandes frentes. La procuración de la justicia y el rearmado y puesta en marcha de la administración estatal.

Para empezar, se debe hacer un especial énfasis en el desafortunado hecho de que el delito de `desempeño irregular de la función pública´, no es considerado grave a la luz del actual Código de Procedimientos Penales del estado. Es un tema para los legisladores.

Y en segundo plano pero no menos importante, que el `Nuevo Sistema Penal Acusatorio´, al que no estamos acostumbrados muchos comunicadores y menos los ciudadanos, guarda como espíritu principal, la calidad de `inocencia´ de cualquier imputado.

Estas dos variables generan una circunstancia novedosa. Los acusados en el enorme paquete de funcionarios de la administración que encabezó Roberto Borge Angulo, con todo y ese quebranto estimado en más de 11 mil millones de pesos (monumental por donde se vea), gozan de entrada de la posibilidad de enfrentar los respectivos procesos en libertad, si así lo determina el juez.

La Fiscalía General del Estado está enfrentando este nuevo entorno de la administración de la justicia de cara a una opinión pública que no acaba por entender qué está pasando. Urge por resultados. Pero esto no es así.

El ánimo del `respetable´ sigue encendido, tanto como en aquellos días de campaña política, cuando el ahora gobernador escogió, con tino, la bandera de la lucha contra la corrupción y el encarcelamiento de los responsables del quebranto a las arcas públicas.

Los ciudadanos no esperaban, quizás, que los procesos sean de largo plazo; quizás tampoco se explican por qué algunos involucrados salieron libres (como Erce Barrón y Mauricio Rodríguez Marrufo). Y ahora se contagia en las redes sociales una especie de desazón, que roza la decepción.

Pero la realidad es totalmente distinta.

Este capítulo de persecución de los imputados por este zarpazo a las arcas públicas es y debe ser de largo aliento. Si se hace bien debe tomarse con calma.

Y en cada caso en particular, habrá incidentes que, sin embargo, no representan el desenlace de cada carpeta de investigación.

Por ejemplo, en el caso del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rodríguez Marrufo decidió acogerse a un `proceso abreviado´, mediante el cual devolvió 39 millones de pesos al erario. Así consiguió su libertad y el sobreseimiento de la causa penal.

No es el caso de Erce Barrón, ex director de VIP Saesa, la aerolínea privada de la que es socio el gobierno del estado. Este funcionario maniobró legalmente para conseguir, vía un Juzgado de la CDMX, su liberación bajo caución.

Pero no significa que haya librado la causa penal. Sigue imputado y vinculado a proceso, el cual será administrado de acuerdo con el buen recaudo de la FGE, que ahora cuenta con una Fiscalía Especializada anti Corrupción.

Podría ocurrir que ha faltado a la FGE una estrategia de comunicación que logre posicionar entre la opinión pública el hecho incontrovertible de que está haciendo su trabajo, pero que también los acusados están moviendo todos los resortes, legales y entendiblemente también políticos, para zafarse del alcance de la justicia.

Porque ese es también un tema.

Cada imputado tiene la posibilidad de contratar a los mejores despachos de abogados, y así lo están haciendo.

Es una batalla de la FGE en tantos frentes como acusados están involucrados en estas carpetas de investigación.

Baste decir que el expediente que corresponde a las acusaciones planteadas en contra de Gabriel Mendicutti Loría, el ex secretario de Gobierno de Roberto Borge que fue aprehendido en la víspera, tiene más de 20 mil fojas.

Ese es el tamaño de la responsabilidad del titular de la FGE.

Es demasiado temprano para afirmar que no está cumpliendo con su trabajo, porque en realidad esto apenas comienza.

Baste recordar que suman un total de 84 servidores públicos municipales y estatales, de las administraciones pasadas, que enfrentan  27 denuncias penales. El quebranto, según la Auditoría Superior del estado y la FGE, asciende a la fabulosa cantidad de 11 mil 813 millones de pesos.

Esto apenas comienza.

 

Cristina Torres, cumplirá trámite en el PAN para ser precandidata

Los tiempos del proceso electoral en marcha, marcan este tiempo para la inscripción de aspirantes a las respectivas candidaturas en juego. La presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, ya manifestó abiertamente su intención, luego de medir un contundente respaldo social, de postularse por un periodo, ahora sí de tres años, para hacer historia como la primera mujer en dirigir los destinos de este próspero municipio por primera ocasión, dos veces consecutivas.

Para ello dio a conocer que acudirá al PAN, donde registrará su precandidatura, de acuerdo con el calendario electoral. Una vez que sea aceptada, jugará con las reglas del INE y del propio PAN, pues en el caso de que existan otros aspirantes, se deberá elegir entre ellos para contender por la presidencia municipal.

Al interior del PAN podría ser sólo un formalismo porque se sabe que está prácticamente confirmada para convertirse en la candidata, a la que luego se sumará el PRD para repetir la alianza que la llevó al encargo en la elección anterior. @AntonioCallejo

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