4TO INFORME DE ACTIVIDADES DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MAESTRO JOSÉ ANTONIO LEÓN RUIZ

Magistradas y Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado,

Contador Público Carlos Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo,

Diputado Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Décima Sexta Legislatura del Congreso del Estado,

Consejera Verónica Acacio Trujillo,

Consejera María de Guadalupe Cámara González,

Consejero José Joaquín González Castro,

Consejera Guadalupe Chan Flores,

Señoras y Señores:

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45, fracción décima segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el día de hoy se rinde a las y los integrantes de este Pleno, el Informe que guarda la Impartición de Justicia, así como las actividades del Consejo de la Judicatura.

Desde agosto de 2017, las servidoras y los servidores públicos del Poder Judicial hemos orientado nuestra actividad para lograr una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad, a partir de un Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022, donde se traducen las aspiraciones de las y los quintanarroenses.S

La tutela efectiva de los derechos humanos; el restablecimiento del orden social por medio de la cultura de la paz; la optimización del sistema de justicia; la incorporación de un nuevo modelo de justicia laboral; el fortalecimiento del servicio público; así como la apertura institucional y la rendición de cuentas, han sido los compromisos que hemos asumido con la sociedad.

Por ello, el fortalecimiento institucional del Poder Judicial y la consolidación del Estado de Derecho, en Quintana Roo, dependen en mucho de la concertación de acciones, que abonen a una impartición de justicia de calidad.

Para lograr estos avances, se cuenta con la participación activa de diversos actores de la sociedad, tales como barras y colegios de abogadas y abogados, organizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales.

Cabe destacar, que en este trabajo conjunto, siempre se ha contado con el respaldo institucional de las y los Diputados de la Décima Sexta Legislatura.

De igual forma, reconocemos la respetuosa coordinación con el Gobernador del Estado, el Contador Público Carlos Joaquín González.

Es así que, el documento que se presenta ante este Tribunal Pleno, y a la ciudadanía, da cuenta de los avances obtenidos en este ejercicio, así como los logros institucionales alcanzados.

FUNCIÓN JURISDICCIONAL

Durante este ejercicio, el total de juicios iniciados en los Juzgados de Primera Instancia, de los sistemas tradicional y oral, ascendió a la cantidad de 23 mil 334 asuntos: 4 mil 763 correspondieron a la materia civil; 3 mil 871 mercantil; 12 mil 059 familiar; y 2 mil 641 en materia penal.
Del total de estos, 9 mil 232 correspondieron al sistema tradicional, y 14 mil 102 al sistema de justicia oral, el cual representa ya, el 60% de los asuntos radicados en Primera Instancia.

Por lo que hace a la Segunda Instancia, se radicaron mil 563 Tocas en las Salas Especializadas, de los cuales: 662 correspondieron a las materias civil y mercantil; 353 a la familiar y 548 a la penal.

Es importante destacar que, a lo largo de cuatro años, en los Juzgados de Primera Instancia se inició un total de 91 mil 508 asuntos; en tanto que se radicaron 7 mil 877 Tocas en las Salas Especializadas de Segunda Instancia.

Esto es, desde el año 2017, los órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia del Poder Judicial conocieron un total de 99 mil 385 asuntos.


PROGRAMA PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2017-2022

La Constitución Política del Estado otorga al Consejo de la Judicatura la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial.

Desde el año 2017, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha implementado las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Programa para la Impartición de Justicia.

Es por ello que, ante la necesidad de fortalecer las áreas transversales para el funcionamiento del Poder Judicial, así como áreas específicas para el seguimiento del Programa, el Consejo de la Judicatura realizó una reingeniería administrativa, lo cual ha permitido un crecimiento armonioso y ordenado, de la administración y la impartición de justicia.

Para el fortalecimiento del marco jurídico institucional, desde el año 2017, el Consejo de la Judicatura ha emitido y actualizado 32 instrumentos normativos, mismos que brindan una mayor certeza de las actuaciones de los órganos administrativos del Poder Judicial.

La consolidación del andamiaje normativo interno ha sido una de las acciones destacables del trabajo en el Pleno del Consejo, y representa un avance significativo en el ejercicio de su función administrativa.

Para lograr una impartición de justicia de calidad, es necesario seleccionar a las mujeres y hombres con los mejores perfiles, mediante procesos transparentes.

En este tenor, en octubre de 2020 inició el Primer Concurso Interno de Oposición para Acceder al Cargo de Jueza o Juez.

La aplicación de cuestionarios, exámenes psicométricos, casos prácticos y exámenes orales; estuvo a cargo de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Consejeros de la Judicatura, el Colegio de Jueces e integrantes de la academia.

Como resultado, en marzo de 2021, se realizó la toma de protesta e imposición de togas a las y los vencedores del Concurso, quienes iniciaron sus funciones a partir del primero de abril del presente año.

El Poder Judicial del Estado ofrece así, a la sociedad, Juezas y Jueces técnicamente capacitados, institucionalmente comprometidos y sensibles a las demandas ciudadanas.

La justicia es una aspiración universal que, a nivel institucional, debe brindarse de manera integral, atendiendo a las necesidades concretas de la sociedad.

Desde hace cuatro años, el Programa para la Impartición de Justicia ha orientado la actividad de las y los servidores públicos de esta Institución, a través de los siete ejes que lo conforman.

En el Eje Justicia con un nuevo rostro, se ha dado continuidad a la capacitación y sensibilización en Derechos Humanos y perspectiva de género.

Para fortalecer el combate a la violencia contra las mujeres en el Estado, en abril del presente año, el Consejo de la Judicatura acordó la creación del área de Control y Seguimiento, para el registro de las órdenes de protección que se dictan en favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Este nuevo mecanismo ha sido reconocido por organizaciones como Equis Justicia para las Mujeres, como una práctica innovadora en la emisión judicial de órdenes de protección.

En el mes de noviembre, el Poder Judicial contará ya con un Protocolo propio en esta materia, siempre atendiendo a la normatividad estatal, nacional e internacional, derivado de las mejores prácticas; lo cual vendrá a fortalecer la toma de decisiones de las y los Juzgadores, y en estrecha relación con la perspectiva de género.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias amplían el margen de satisfacción con la justicia; y de esta forma, hacen factible la reconstrucción del tejido social, a través del diálogo y el común acuerdo.

Es por ello que, en el Eje Justicia alternativa y Cultura por la Paz, se ha continuado con la estrategia de difusión y capacitación.

Gracias al trabajo con las y los Diputados de la Décima Sexta Legislatura, y con la aprobación de la nueva Ley de Justicia Alternativa, se incorporan propuestas innovadoras, tales como el abogado colaborativo; los mediadores privados y sociales; así como los procesos restaurativos.

Con esto, Quintana Roo contará ahora con nuevos modelos de justicia alternativa, que permitirán una sociedad más justa y pacífica.

En el Eje Consolidación del Sistema de Justicia, se han implementado las acciones para garantizar su acceso con una visión distinta.

En esta nueva era de Gobierno Digital, las tecnologías de la información permiten a las Instituciones implementar nuevas alternativas para la prestación del servicio público.

En este tenor, desde febrero del año pasado, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura implementaron el expediente electrónico mercantil, como un sistema de interacción entre las y los justiciables, y los impartidores de justicia.

A través del uso de la Firma Electrónica Avanzada, las y los justiciables cuentan ahora con un mecanismo moderno, seguro y confiable, que permite una atención más ágil y puntual, disminuyendo la necesidad de trasladarse de manera presencial a los Juzgados.

La inversión en infraestructura; la disminución en los tiempos de atención; y la mejora en las estructuras orgánicas, hicieron posible que, en noviembre de 2020, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria otorgue al Poder Judicial la Certificación en Juicios Orales Mercantiles por un año.

Gracias a la continuidad de estas acciones, el 5 de julio del presente año, el Poder Judicial recibió esta Certificación por dos años; con ello, Quintana Roo se sitúa entre las seis entidades del país que cuentan con esta distinción.

Prevenir el rezago en la materia civil, ocupa un espacio estratégico en el Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022.

Es por ello que, para atender esta demanda de las y los justiciables, se integró un grupo de trabajo, en febrero de este año, para el Fortalecimiento de la Justicia Civil, en los Distritos Judiciales de Cancún y Solidaridad.

En este ejercicio, se informa que se han revisado más de 4 mil expedientes; se realizaron mil 931 acuerdos; se remitieron a resguardo 957; y se concluyó un total de 822 expedientes.

Una de las vertientes en la estrategia para la consolidación del sistema de justicia penal en el Estado, es la atención puntual de los asuntos en los Juzgados Penales Tradicionales.

Al inicio de esta gestión, el diagnóstico era alarmante: cerca del 74% de las personas sujetas a un proceso penal, y privadas de su libertad, en Cancún y Playa del Carmen, no contaban con una sentencia.
Ante esta circunstancia, en coordinación con las y los Magistrados, Consejeros, Jueces y personal judicial, a partir de noviembre de 2017, se implementó el Programa de abatimiento al rezago en materia penal tradicional, en los Juzgados de los Distritos Judiciales de Cancún y Solidaridad.

El puntual seguimiento del Programa, y el compromiso de las y los servidores públicos que participaron en él, permitió obtener importantes avances en ese abatimiento.

Es por ello que, desde el año 2018 hasta el año 2021, el Instituto de la Defensoría realizó diversas jornadas de atención a personas privadas de su libertad en Cancún y Playa del Carmen, para el impulso procesal de 2 mil 270 expedientes.

Como resultado de este esfuerzo, se han dictado un total de mil 029 órdenes de aprehensión; 947 cierres de instrucción; y más de 2 mil sentencias.

De manera tal que, en mayo del presente año, el Consejo de la Judicatura determinó tener por concluido este Programa.

Un sistema de justicia penal efectivo, integral e incluyente, debe orientar sus afanes en la atención de los factores que inciden en la conducta delictiva.

Partiendo de esta premisa, la justicia terapéutica ofrece un nuevo enfoque, mismo que privilegia el acceso a la salud, para la reconstrucción plena del tejido social, en aquellos asuntos relacionados con el consumo de sustancias que generan una adicción.

Los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones, garantizan que las personas adictas al consumo de sustancias, sometidas a un proceso penal, puedan recibir un tratamiento adecuado para su adicción.

En febrero de este año, se suscribió el Convenio para la implementación de estos Tribunales, en el que participaron el Poder Judicial, la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, así como el Comisionado Estatal contra las Adicciones y el Instituto de la Defensoría.

En junio de 2021 se llevó a cabo la instalación del Comité de Enlace y Evaluación del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, responsable de la planeación y desarrollo de sus objetivos.

Es de reconocerse, que los avances obtenidos en el sistema de justicia penal, se deben primordialmente a la coordinación con la sociedad civil; misma que forma parte de la estrategia de combate frontal a la delincuencia y la inseguridad en Quintana Roo.

Es así que, desde el año 2019, el Poder Judicial ocupa un espacio en los trabajos de la Mesa de Coordinación de Seguridad, encabezada por el Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, en la que participan representantes de las Fuerzas Armadas, así como autoridades federales y estatales.

Con nuestra participación en más de 117 reuniones de trabajo, el Poder Judicial se ha sumado a los esfuerzos conjuntos, para dar una respuesta efectiva en los delitos de alto impacto.

Señor Gobernador, a nombre de las y los Magistrados, Consejeros y Jueces, refrendamos nuestro compromiso y le expresamos nuestro reconocimiento por su importante labor, para garantizar la seguridad pública, la paz y el Estado de Derecho en Quintana Roo.

Para afrontar el reto de la Justicia Laboral, el Poder Judicial, en conjunto con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, han trabajado con armonía para cumplir con este mandato de la Constitución.

Los trabajos al interior de la Comisión para la implementación de la reforma laboral, integrada por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría del Trabajo y las Comisiones de Justicia, y del Trabajo y Previsión Social de la Décima Sexta Legislatura, permitieron las adecuaciones al marco normativo que regirá a los Centros de Conciliación y a los Tribunales Laborales.

En ese sentido, el Consejo de la Judicatura emitió un nuevo Reglamento para acceder al cargo de Jueza o Juez mediante concursos de oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, respecto de la apertura en la selección del personal en los Tribunales Laborales.

Es así que, el pasado 7 de julio, se expidió la Convocatoria para el Primer Concurso de Oposición para Acceder al Cargo de Jueza o Juez de los Tribunales Laborales; así como la Convocatoria para la selección del personal judicial de estos órganos, en las que se concursan 17 plazas.

Como resultado de estos procesos de selección, así como de los recursos asignados por la Federación y el Estado, en octubre de este año entrarán en operaciones 2 Tribunales Laborales en Cancún, 1 en Playa del Carmen y 1 en Chetumal.

La colaboración entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hará posible cumplir con este reto, en tiempo y forma.

El Eje Justicia para todos contiene las acciones para combatir las asimetrías sociales que dificultan el acceso a la justicia en los sectores más vulnerables.

En octubre de 2020, el Consejo de la Judicatura expidió el Reglamento para la no discriminación de las personas con discapacidad, que prevé, entre otras cuestiones, la instalación de elevadores para usuarios con discapacidad, así como las rampas de acceso a nuestros edificios.

El Mejoramiento del entorno judicial es una composición sistémica e integral que abarca distintos rubros, encaminados a llevar una justicia humana y de calidad.

En este ejercicio, a través de 79 acciones mediante el uso de las tecnologías de la información, el Programa de capacitación ha beneficiado a 4 mil 244 asistentes, entre servidoras y servidores públicos, así como profesionistas vinculados a la impartición de justicia.

En este ámbito, nuestra Institución se encuentra entre los pocos Poderes Judiciales con oferta académica de posgrado, al contar ahora con una Maestría en Derecho Judicial, con registro de validez oficial, de la que han egresado 85 participantes.

A lo largo de cuatro años de implementación, a través de 238 actividades de capacitación, el Programa benefició a 14 mil 612 participantes, lo cual ha permitido contar con operadoras y operadores jurídicos con mayor preparación.

Se dio continuidad al Programa para la preservación de los inmuebles que constituyen el patrimonio del Poder Judicial, en aras de brindar el servicio de impartición de justicia, en espacios cómodos y seguros.

Y con recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública, se realizaron diversas adecuaciones para robustecer la seguridad de los Juzgados Penales Orales, así como para el establecimiento de espacios destinados a la policía procesal.

El año pasado, con el apoyo del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, se llevó a cabo la construcción de la primera etapa del edificio de los Juzgados Penales Orales en Felipe Carrillo Puerto.

En este año, también con recursos pertenecientes a ese Fondo federal, se concluirá la segunda etapa de ese inmueble.
El interés superior de la niñez, más allá de la tutela durante los procesos judiciales, debe ampliarse a cada uno de los espacios para el desarrollo de niñas y niños.

En apego a esta directriz, el Programa de mejoramiento de la infraestructura de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada se orientó a diseñar espacios arquitectónicos lúdicos, que permitan una sana convivencia.

Como resultado del Programa, gracias al apoyo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, el Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Chetumal, inició sus operaciones en mayo de 2019.

Y con el respaldo del Ayuntamiento de Cancún y Solidaridad, se ha realizado un avance importante en la edificación de los nuevos Centros de Convivencia en estos Municipios.

Particularmente en Playa del Carmen, donde iniciaremos operaciones en breve, a fin de garantizar el desarrollo de niñas y niños en espacios armoniosos y seguros.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados.

Para garantizar este derecho, en junio de 2021 entró en operaciones la nueva Sala de Escucha de Menores en el Juzgado Civil y Familiar Oral de Chetumal, que cuenta con características arquitectónicas y equipamiento adecuado para que puedan expresarse con confianza y en libertad.

Además, en cumplimiento a los derechos de la infancia temprana, en agosto del presente año, entró en funcionamiento la primera Sala de Lactancia en el Palacio de Justicia de Chetumal, como un espacio digno en beneficio de las madres trabajadoras.

La cultura disminuye asimetrías, genera vínculos, espacios para la colectividad, y crea puentes para la reconstrucción del tejido social.

El Programa de difusión cultural para el desarrollo humano y la cultura de la legalidad, representa la vertiente humanística del Programa para la Impartición de Justicia.

A través de diversas actividades culturales, entre las que destacan exposiciones de la obra de artistas como Leonora Carrington, Daniel Lezama y Omar Barquet, el Poder Judicial contribuyó en la vida democrática de la entidad; empleando la cultura como vía para la observancia del Estado de Derecho.

En julio de este año, se montó la exposición “Historias Invisibles” en el Palacio de Justicia de Cancún, en coordinación con el Cónsul Honorario de Italia, la Sociedad de Cultura Italiana Dante Alighieri y el Museo MACAY, refrendando los lazos culturales entre México e Italia, y al alcance de la ciudadanía.

El día de hoy, se ha llevado a cabo la inauguración de la exposición Vox Populi, del artista Sergio Arau, que estará a disposición del público en las ciudades de Chetumal y Cancún.

El acercamiento temprano de la niñez a las distintas manifestaciones artísticas, fomenta generaciones más receptivas a la cultura.

El Programa EmocionArte y el Primer Concurso de Dibujo Infantil, permitió que las y los hijos de los trabajadores reflexionen sobre sus emociones y sus derechos, favoreciendo con esto su creatividad.

La justicia social, como mecanismo para garantizar el libre desarrollo de toda persona, es una tarea que nos ocupa a todas y todos.

El Voluntariado del Poder Judicial, integrado por servidoras públicas, se ha sumado con mucho entusiasmo, y labor altruista, a los esfuerzos de la Señora Gabriela Rejón de Joaquín, Presidenta del DIF Estatal, en la realización de acciones para favorecer a los grupos socialmente vulnerables.

De manera especial, por todo lo realizado durante estos cuatro años, gracias Verónica, por tu apoyo, dedicación y compromiso.

La transparencia y la rendición de cuentas, son las bases para la construcción de una Política de Justicia Abierta en el Estado.

Para garantizar la disponibilidad de la información en el Poder Judicial, se dio cumplimiento a la Ley General de Archivos, mediante la implementación del Sistema Institucional, así como del Grupo Interdisciplinario.

De la mano de lo anterior, se ha cumplido con el 100% de carga de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

La legitimidad del Poder Judicial se construye a través de sus sentencias.

Por ello, para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General y la Ley de Transparencia del Estado, se diseñó un módulo para la consulta ciudadana de las versiones públicas de sentencias.

Como parte de la coordinación entre los Poderes Judiciales, a propuesta de este Tribunal, y como Vicepresidente de la Región Sureste de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, este órgano acordó la creación de la Unidad Especializada de Innovación y Calidad, y determinó que estuviera a cargo de Quintana Roo.

Como resultado del trabajo de esta Unidad, en septiembre del presente año, estará disponible el Banco de Programas, que podrán ser replicados por los integrantes de la CONATRIB, como parte de un trabajo colaborativo de fortalecimiento institucional a nivel nacional.

Quiero agradecer la presencia, en esta Sesión Solemne, del:

Gobernador del Estado, Contador Público Carlos Joaquín González.

Del Diputado Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gustavo Miranda García.

Del Magistrado Supernumerario, Ángel Quintal Quintal.

Del Magistrado de Asuntos Indígenas, Javier Reyes Hernández.

Del Magistrado para Adolescentes, Isidoro Castro Arrieta.

[Enlistar invitados especiales]

Así como saludar a quienes nos siguen a través de la internet, las redes sociales y los medios de comunicación en el Estado.

Señoras y Señores Magistrados,

Señoras y Señores:

La justicia es la máxima virtud republicana, y el pilar que sostiene a todo Estado Constitucional de Derecho.

En una sociedad democrática como la nuestra, el imperio de la justicia debe ir más allá de toda retórica, y convertirse en una realidad cotidiana para todas y todos.

Para que la Ley se traduzca en justicia, es necesario un Poder Judicial que combata la impunidad, con todo vigor.

Por ello, en agosto de 2017, las y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura, las y los Jueces, así como personal judicial y administrativo, refrendamos nuestro compromiso de trabajar para la ciudadanía y para nuestro Estado.
Desde entonces, y hasta ahora, nuestra prioridad ha sido siempre la misma: volver al orden; al respeto institucional; a la atención cordial, responsable y profesional.

Hemos trabajado de manera conjunta, con un espíritu de unidad, en el que ha prevalecido la armonía, la creatividad y el diálogo.

Actualmente, el enfoque de impartición de justicia, ha pasado de ser un modelo distributivo, a una visión colaborativa, que se construye para y con la sociedad.

En cada acción, en lo público y en lo privado, en lo cotidiano y lo atemporal, las y los quintanarroenses edificamos de manera activa nuestra visión de una justicia moderna.

Con este espíritu, las y los servidores públicos del Poder Judicial, trabajamos con la inquebrantable determinación de llevar la justicia a toda persona, en todo momento y ante cualquier circunstancia.

En estos cuatro años de trabajo, la solidez de nuestro Estado, la independencia de nuestra Institución y la dedicación de nuestro personal, permitieron continuar con nuestra responsabilidad; incluso en circunstancias tan adversas, como las generadas por la pandemia del COVID-19.

Este día, se puede afirmar que estamos cumpliendo con los compromisos que asumimos en el año 2017.

Y continuaremos así, hasta el último día de esta gestión, en el año 2022.

El Programa para la Impartición de Justicia, que inició como una estrategia y una suma de voluntades, se ha convertido en el legado que las y los servidores públicos del Poder Judicial dejamos a las generaciones del presente, y las que están por venir.

Como resultado de ello, contamos ya con un Poder Judicial más sólido e independiente; con una renovada cercanía con la sociedad; y con una legitimidad que se funda en la perpetua voluntad de impartir justicia.

Un Poder Judicial, garante de todos los derechos y de todas las libertades.

Libertad de vivir en paz, con respeto y armonía.

Libertad para desarrollarse en un ambiente familiar seguro y confiable.

Libertad de ser quintanarroense, y formar parte de una sociedad próspera, tenaz, imbatible y vibrante.
Un Estado con una justicia viva, transformadora y en acción permanente.

Un Quintana Roo con una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad.

Muchas gracias.

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