+ Enfrenta México una demanda en tribunales internacionales por mil 500 millones de dólares, luego de que el presidente ordenó clausurar operaciones de Calica-Vulcan Materials
+ El consorcio, que exporta miles de toneladas extraídas en Quintana Roo a Estados Unidos, enfrenta desde hace años demandas y acusaciones, pero prosperó de la mano de funcionarios del Partido Verde, como Rafael Pacchiano Alamán y Renán Sánchez Tajonar
+ Antes aliados del entonces presidente Enrique Peña Nieto, hoy son alidos incómodos de Morena nacional y de Quintana Roo. Presidente el órgano de gobierno en el Congreso, donde enmudecen sobre este tema
Cancún, Quintana Roo. – Vulcan Materials Co, la empresa más grande de distribución de materiales pétreos en Estados Unidos, responsable de la extracción de esa materia prima en Quintana Roo, inició una demanda, ante tribunales internacionales de arbitraje comercial hasta por mil 59 millones de dóalres (unos 28 mil millones de pesos), pues acusa que, al clausurarle dicha mina, México transgredió acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En este diferendo, espacialistas observan una complicación ligada a la corrupción de autoridades mexicanas, pues a pesar de que hay numerosos antecedentes que justifican la revocación de esa concesión en las últimas décadas, la empresa junto con su filial nacional, Calizas Industriales del Carmen SA de CV (Calica, hoy Sac Tun), no sólo permaneció en operaciones sin ninguna interrupción, sino que además obtuvo ampliaciones de permisos federales, sobre todo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La mejor época para Vulcan Materials Co, es la que corresponde al último tramo del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando la Semarnat fue prácticamente puesta en manos del Partido Verde, con la oscura dirigencia de Jorge Emilio González Martínez.
En otra entrega revelamos cómo a dos días de tomar posesión del cargo, el entonces delegado de Semarnat en Quintana Roo, Renán Sánchez Tajonar, fue encomendado por el titular de la dependencia, Rafael Pacchiano Alamán, diputado federal del Partido Verde antes de ocupar ese encargo, envió un oficio a Sánchez Tajonar, para instruirlo a notificar a Calica SA de CV (y a Vulcan Materials Co, por tanto), de la ampliación de concesión como Zona Federal Marítimo Terrestre, para seguir operando en un predio como muelle de acopio, triturado y embarque de materiales para exportar a Estados Unidos.
Sánchez Tajonar tomó posesión del cargo el 26 de octubre de 2016, y el 28 del mismo mes y año recibió dicho oficio, con la indicación de notificar a la beneficiaria, “si no hallaba inconveniente”.
CORRUPCIÓN, EL FACTOR HUMANO QUE OBSTACULIZA EL CIERRE DE MINAS DE SASCAB
Felipe Arturo Cantón Ruiz, investigador del Colegio de la Frontera Sur, explica cómo se infiltra el problema de la corrupción en el sistema de otorgamiento, explotación y eventual cierre de bancos de expltación de este tipo de bancos de materiales en la región.
En su tesis: “Saskab, grava y piedra: implicaciones socioambientales de la recuperación de minas de caliza en Yucatán”, para obtener el grado de maestro en Ecología, resume:
“La corrupción convierte las leyes ambientales en instrumentos flexibles que se emplean de forma parcial cuando alguien en su condición de autoridad decide cómo, cuándo y a quién deben aplicarse (Wigström 2018). Damiana y colaboradores (2003) descubrieron que, en ciertos países, los altos niveles de corrupción se observan en la nula o débil aplicación de las sanciones y políticas relacionadas, lo que se traduce en altos índices de degradación ambiental. Estas conclusiones reflejan la realidad del sector minero en México, donde la corrupción comienza en las etapas iniciales del proceso de explotación, se extiende durante las operaciones y continua en la fase de cierre (Cárdenas 2013), lo que podría explicar porque no siempre se llevan a cabo actividades de restauración. Se ha comprobado que los costos ambientales producto de la corrupción reducen las probabilidades de alcanzar el desarrollo sostenible (Morse 2006)”.
LÓPEZ OBRADOR DETERMINÓ LA CLAUSURA DE LA MINA DE VULCAN-CALICA SA DE CV
Es importante señalar que todos los permisos, tanto de Semarnat como los que corresponden a la Secretaría de Energía, en tanto que esos bancos se catalogan en el inventario nacional de minas, fueron suspendidos como acto de autoridad, a pedido expreso del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así, la Presidencia determinó que fuera clausurado el banco de material que explota Calica SA de CV desde 1986, junto con el predio adyacente y costero donde tritura y embarca el material. La Procuraduría Federal de Protección Ambiental ejecutó dicha medida, que por cierto fue desoida por la demandada por varias semanas, hasta que el presidente envió al Ejército Nacional para garantizar el cese de actividades.
QUÉ HACE VULCAN MATERIALS CO Y SU FILIAL CALICA EN QUINTANA ROO
En operaciones de 1986, es decir, hace 36 años, Calizas Industriales del Carmen SA de CV (Calica, hoy Sac Tun), explota de forma intensiva un banco de materiales pétreos con categoría de `mina´, en sendos predios del municipio de Solidaridad. Desde el año 2000 es objeto de demandas por devastación más allá de sus permisos, incumplimiento de cálusulas de la concesión, y excesos en la extracción de material superando los límites originalmente establecidos.
El material pétreo, piedra caliza triturada, se envía directamente y sobre todo a Estados Unidos, donde se distribuye en varias ciudades para su venta a la industria de la construcción. El gobierno estadunidense se encuentra entre sus clientes más importantes, pues adquiere el material para obras de infraestructura carretera, e incluso se utilizó en parte de la construcción del muro fronterizo que ordenó Donald Trump, a la sazón presidente de Estados Unidos.
ANAHÍ GONZÁLEZ: PUNTO DE ACUERDO PARA REVOCAR LA CONCESIÓN
El 15 de febrero, en pleno choque de López Obrador con Calica SA de CV, la diputada federal por Quintana Roo, Anahí González, promovió ante el pleno del Congreso de la Unión un punto de acuerdo, para que:
“… de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en coordinación con su homóloga de la delegación de Quintana Roo, se evalué llevar acabo la posible revocación de la última concesión otorgada a la empresa Sac Tun, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), de acuerdo con las condicionantes establecidas en la autorización, lo anterior con el fin de detener la depredación ambiental que se encuentra ocasionando, en la zona de Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo”.
DESDE EL 2018, CALICA EXCEDIÓ EL LÍMITE AUTORIZADO PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL
En su exposición de motivos, la legisladora federal precisió que “en 2018 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dio a conocer que la empresa rebasó la superficie de explotación autorizada que es de siete hectáreas anuales, lo cual da un total de 140 al año 2020, y se constató que la superficie excedente es por 2.15 hectáreas, es decir, a la fecha de la visita complementaria, tiene una superficie de 142.15 hectáreas, por lo cual agotó la superficie de explotación”.
Más grave aún, en su explotación intensiva, la empresa rebasó el límite de excavación, que debía ser el manto freático, pues en ese nivel se involucran mantos acuíferos y por tanto legislación que incumbe a la Ley de Aguas Nacionales.
Añade en su lectura de motivos:
“… esto solo en una parte de los predios sometidos a la extracción. De modo que, fueron clausuradas de manera parcial temporal las actividades de explotación del proyecto “Aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático” de la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., en los predios El Corchalito y La Adelita, en Solidaridad, Quintana Roo.
EN EL SENADO, PUNTO DE ACUERDO PARA REVOCAR LA CONCESIÓN
Más recientemente, la senadora Gabriela López Gómez, también de Morena, presentó ante el pleno de la Cámara Alta, una propuesta de punto de acuerdo, que también prosperó, en los siguientes términos:
“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias respectivamente, refuercen sus acciones e informen a esta Soberanía de las medidas implementadas, a fin de sancionar y detener de forma permanente la sobreexplotación de extracción de minerales en el estado de Quintana Roo provocados por la filial Vulcan Materials Company, (denominada SAC-TUN)”.
DEMANDA VULCAN MATERIALS AL GOBIERNO DE MÉXICO
Vulcan Materials Company, vía su filial, Calica, reclamó 1,529 millones de dólares al Estado mexicano, — a 28 mil millones de pesos–, por un presunto incumplimiento de los términos de la concesión en Playa del Carmen, Quintana Roo.
La plataforma Ejatlas.Org, especialista en temas relacionados con daños ambientales generados por operación de minas diversas, reseñó:
“Después que se hizo público el texto renegociado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la empresa Vulcan Materials Company presentó en enero del 2019 una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) reclamando … la decisión de clausura de los dos predios provoca (supuestas) pérdidas sustanciales y impide la operación normal de sus inversiones. La decisión del tribunal sobre este litigio sigue, hasta la fecha está todavía pendiente.
“En 2020, Calizas Industriales del Carmen (Calica), la subsidiaria de Vulcan Materials Company, cambió su nombre para llamarse Sac-Tun lo que fue denunciado al nivel local como una técnica para disfrazarse y hacer olvidar los pasivos ambientales de la empresa”.
Y explica la intención o estrategia de Vulcan para evadir los actos de autoridades, con la pretensión de mantener sus operaciones:
“Este caso muestra los efectos negativos provocados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Una empresa devasta el medio ambiente en México para extraer minerales destinados a ser integralmente exportados y usados en EEUU, lo que representa una clara externalización de los costos ambientales. Cuando las autoridades gubernamentales intentan regular e limitar esta devastación las empresas recurre a tribunales internacionales para demandar a los gobiernos por la pérdida de sus ganancias. Esas demandas supranacionales y la presión que ejercen sobre los gobiernos, son una amenaza y dificultad adicional para las comunidades que luchan para defender sus territorios y formas de vida en la posibilidad de hacer valer sus derechos”.
DESDE EL 2000 HAY ANTECEDENTES DE INCUMPLIMIENTO Y DENUNCIAS DE LEGISLADORES
En el año 2000, el entonces senador panista por Quintana Roo, Wadi Amar Shabshab, propuso y consiguió el voto a favor de un punto de acuerdo en el Senado de la República, para solicitar igualmente la revocación de la concesión.
En aquél episodio, se debió a que Calica incumplió reiteradamente con la contraprestación de permitir operaciones para el atraque de barcos de pasajeros, para realizar el cruce entre Cozumel y Punta Venado, en la zona continental.
Dijo entonces el senador, que consiguió el punto de acuerdo:
“Cabe destacar que en el punto de Acuerdo estamos pidiendo la revocación de 36 mil metros cuadrados, que vendría siendo parte de la zona marítima federal terrestre donde estaría ubicado el muelle de atraque de los transbordadores y seis hectáreas de patio de maniobra para darle servicio.
“La concesión de la explotación de material pétreo que tiene la empresa CALICA, estamos hablando, señores, de una excavación de 1,300 hectáreas y piensan aumentarlas a 2,000, se están llevando nuestro territorio nacional en pedacitos.
“La comunidad cozumeleña, por mi conducto, los exhorta a ustedes y les pide apoyarnos con este dictamen para que vean cumplido inicialmente lo que fue concertado en la cesión desde 1986 y ellos vean logrado el objetivo de tener su posición en la zona continental del estado de Quintana Roo”.
es Unidas (ONU). @AntonioCallejo 18.09.2022
