El escándalo de corrupción en el gobierno de Carlos Joaquín continúa develándose, ya que la Secretaría de la Contraloría (Secoes) en colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ha identificado entre 300 y 400 cuentas bancarias irregulares registradas durante la administración anterior. Estas cuentas albergaban tanto fondos federales como estatales, y gracias a una exhaustiva revisión, se han logrado recuperar 317 millones de pesos que serán reinvertidos en beneficio del estado de Quintana Roo.
Reyna Arceo Rosado, la titular de la Secoes, hizo estas revelaciones durante su comparecencia ante la Comisión Anticorrupción de la XVII Legislatura. Este proceso forma parte de una ampliación de la Glosa del Primer Informe de la gobernadora Mara Lezama, quien ha estado comprometida en el saneamiento de las finanzas públicas estatales y en la lucha contra la corrupción.
La Contralora del estado también destacó que estas acciones son fundamentales para limpiar las finanzas públicas estatales. Además de los 317 millones de pesos recuperados, se han identificado 1,039 millones de pesos que originalmente se destinaban para pagar pasivos heredados. Sin embargo, se descubrió que estos montos provenían de contratos irregulares. Algunas empresas se retiraron y otras no tenían derecho a cobrarlos. Arceo subrayó que, si no se hubiera realizado este trabajo, esos recursos podrían haberse perdido a través de cuentas bancarias.
El exgobernador Carlos Joaquín y la pasada XVI Legislatura son señalados por haber establecido su propio “blindaje de impunidad”, lo que ha retrasado el proceso de entrega-recepción de la administración actual. Esto ha permitido a Joaquín y a sus colaboradores eludir acciones administrativas y, posiblemente, penales por irregularidades detectadas durante su mandato.
Arceo Rosado confirmó la presentación de denuncias contra la administración anterior por las irregularidades observadas en varias dependencias, incluyendo la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Obras Públicas. Sin embargo, los procesos avanzan lentamente debido a reformas a la Ley de Entrega Recepción aprobadas por la XVI Legislatura en noviembre de 2021, lo que está obstaculizando el proceso.
Estas reformas están obstaculizando la capacidad de la Contraloría para llevar a cabo una verificación eficaz y rápida de las acciones que puedan dar lugar a responsabilidades por las irregularidades en la función pública. Por lo tanto, se sugiere que la actual legislatura revise la Ley de Entrega-Recepción para evitar la impunidad, ya que podría dar una ventaja injusta a los exfuncionarios bajo escrutinio. Arceo Rosado también reveló que un 70% de los exfuncionarios vinculados a la administración de Joaquín ya han comparecido ante la Contraloría para abordar las observaciones realizadas. Sin embargo, en caso de que estas observaciones no se subsanen adecuadamente, se aplicarán sanciones administrativas y podrían presentarse denuncias de tipo penal. La lucha contra la corrupción en Quintana Roo continúa, con la esperanza de un sistema más transparente y responsable en el futuro.