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+ Resultado de la intervención de Mara Lezama y Eugenio Segura
Por Antonio Callejo
Cancún, Quintana Roo. – El reciente anuncio de la prórroga para la entrada en vigor del Derecho de No Residente (DNR), un nuevo impuesto de $42 dólares (aproximadamente 800 pesos mexicanos) que se aplicará a los turistas que lleguen al país en cruceros, ha generado un alivio momentáneo en el sector turístico y portuario.
Este aplazamiento hasta julio de 2025, resultado de intensas gestiones de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el senador Eugenio Segura, refleja la complejidad de implementar una medida de tal magnitud sin afectar los flujos turísticos ni la economía local.
Impacto económico y advertencias de las navieras
Las grandes empresas de cruceros, que operan en un sector con márgenes de rentabilidad calculados al milímetro, han señalado que este nuevo impuesto podría tener efectos devastadores en sus operaciones. Estas compañías diseñan sus rutas, tarifas y presupuestos con años de antelación, lo que significa que absorber un nuevo costo inesperado podría impactar directamente sus ganancias.
El sector advierte sobre el riesgo de redirigir sus rutas hacia otros destinos en el Caribe, lo que supondría una pérdida significativa para los puertos mexicanos y para los negocios locales que dependen de los turistas que arriban en cruceros. La afectación no sería menor: México es un destino estratégico en la región, y una disminución en la llegada de cruceros podría alterar la competitividad del país en el mercado internacional.
La negociación: un logro político en un entorno complejo
La gestión de Mara Lezama y Eugenio Segura merece reconocimiento, especialmente en un contexto político donde la disciplina partidista de Morena dificulta el disenso interno. Convencer a los legisladores de posponer la medida requirió habilidades de negociación de alto nivel, subrayando la capacidad de ambos para mediar en decisiones críticas.
El aplazamiento permite ganar tiempo para un análisis más profundo de las posibles consecuencias del DNR. Además, abre la puerta a un diálogo más constructivo con las navieras, quienes podrían considerar el impuesto menos lesivo si se implementa de forma paulatina y con ajustes que lo hagan sostenible para ambas partes.
¿Qué sigue para México y las navieras?
A pesar de la prórroga, el reto más grande está por venir: negociar con las empresas navieras para evitar que modifiquen sus rutas en la próxima temporada. Esto implicará convencerlas de que México sigue siendo un destino atractivo y rentable, incluso con el nuevo impuesto.
Una alternativa sería que la Federación evalúe el impacto del DNR no solo en términos recaudatorios, sino también considerando los efectos secundarios en los sectores turísticos y portuarios. Un enfoque más integral podría incluir incentivos que compensen el costo del impuesto o una reducción gradual que permita a las navieras y al mercado adaptarse.
El anuncio de la prórroga al DNR es una noticia positiva para el sector turístico, pero no soluciona el problema de fondo. México deberá demostrar su capacidad para mantener su competitividad frente a otros destinos caribeños, mientras equilibra las necesidades recaudatorias con la dinámica del turismo de cruceros.
La experiencia y la negociación política de Lezama y Segura han logrado ganar tiempo, pero el verdadero desafío será encontrar una solución que permita tanto a las navieras como al país seguir navegando por aguas tranquilas.